La guerra contra la corrupción de los comunistas cubanos: verdad o mentira

El Gobierno de Cuba ha iniciado una auditoría en 742 empresas de la isla, el 20% del total, movilizando a 3.895 profesionales, técnicos y estudiantes para analizar el estado del control de las entidades, su nivel de eficiencia y los eventuales problemas que presenten.
Y lo primero que hay que preguntarse es ¿por qué? y ¿para qué? Respuestas parecen existir para las dos cuestiones.
El por qué, se realiza en un momento económico muy complicado, en el que todos los indicadores disponibles apuntan al desastre a corto plazo, y además dominado por una acumulación, sin precedentes, de denuncias de corrupción en numerosas instancias políticas e institucionales del país. Además, la polémica abierta por la muerte de un empresario chileno vinculado con uno de los casos ha hecho despertar la alarma.
El para qué es más difícil de evaluar, pero tampoco admite dudas. Hay que rascar hasta el último centavo de la riqueza generada en el país. El control se realiza para extraer de las empresas todo el valor generado por su actividad y acentuar la presión asfixiante de un régimen ineficiente y burocrático.
Entonces, el castrismo saca a pasear una de las figuras creadas por Raúl Castro desde que llegó al poder en un intento de insuflar nuevos aires a la obsoleta administración comunista. La Contraloría General fue creada el año pasado para “fortalecer la legalidad y la institucionalidad en la isla”, según palabras textuales del mandatario comunista en alguno de sus discursos recientes.
La Contraloría General de Cuba, algo así como una Intervención general de la administración del Estado, durante un mes inspeccionará, sin previo aviso, según señala la nota oficial de Granma, el funcionamiento de 742 entidades de todos los sectores económicos, productivos y de servicios.
Solo en Cuba es posible ver cómo un órgano encargado del control del sector público, puede entrar en la actividad empresarial. Esta misión, en los países de economía de mercado, la cumplen con mayor o menor éxito las empresas de auditoría, cuyo objetivo es reflejar la realidad de las cuentas económicas.
En Cuba, la función auditora de la actividad empresarial la realiza un órgano de la administración del estado, como si se tratase de un universo de funcionarios en el que no queda espacio para la actividad privada mercantil. Además, esa labor de control financiero y de legalidad va acompañada de un control represivo sobre la actividad de las empresas, todas ellas propiedad del estado.
La mezcla de intereses políticos, institucionales, burocráticos, empresariales y de partido en Cuba es de tal magnitud que nadie sabe muy bien cómo aclararse. De ese modo, Gladys Bejarano, vicepresidenta del Consejo de Estado, es a la vez, la contralora general, encargada de ejecutar la "V Comprobación Nacional al Control Interno'', como se denomina a la auditoría.
Y aunque es cierto que el trabajo inspector se desarrolla en una "muestra aleatoria'' de empresas y no en centros de trabajo en los que se hayan producido denuncias o indicios de irregularidades, hay varios indicios de que las aguas bajan revueltas en el castrismo. Así, la semana pasada Raúl Castro llamó a las instituciones a enfrentar el delito con "mayor éxito y coordinación'' y dijo que el Consejo de Estado presta "atención priorizada'' a los órganos de la Fiscalía, los tribunales y a la Contraloría General.
Como si de una moderna caza de brujas se tratara, la corrupción ha saltado a la agenda de preocupaciones de un régimen que sigue sin mostrarse responsable de la muerte de Orlando Zapata y de la huelga de hambre en la que se encuentran un buen número de presos políticos y disidentes. Tal vez en un intento de cambiar el curso del estado de la opinión pública, para desviar la atención de asuntos muy graves, el régimen castrista ha alertado que, "sin un rechazo social a las ilegalidades y a la corrupción, seguirán no pocos enriqueciéndose a costa del sudor de la mayoría, actitud que ataca directamente a la esencia del socialismo''.
Se puede ser más claro, pero es difícil ser más cínico. Inmerso en una creciente campaña de corrupción interna, que tiene su origen en la naturaleza perversa del sistema comunista que gobierna en la Isla durante cinco décadas, la campaña de denuncia contra los delitos de corrupción se ha extendido en los últimos días en varios medios del país, así como entre intelectuales, como el académico cubano Esteban Morales, quien afirmó que la corrupción en el Gobierno es "mucho más peligrosa'' que la disidencia y pone en peligro el futuro de la Revolución. Alertas de este tipo no merecen comentario alguno.
Además, la denuncia de Morales coincidió con el escándalo de la muerte en La Habana del empresario chileno Roberto Baudrand, gerente general de la empresa mixta de Alimentos Río Zaza, quien tenía prohibido salir de Cuba debido a la investigación abierta en esa firma por la Fiscalía Nacional. Todavía está en la mente de muchos cubanos los ceses fulminantes de Pèrez Roque y Lage, tras las imágenes de videos en los que se burlaban de Fidel Castro. Economía, política, partido, administración, burocracia… son demasiadas caras para una misma, y pobre, moneda.